Costa Rica es un país desigual. Según el Instituto Costarricense de Estadística y Censo (INEC) el Coeficiente de Gini, por ejemplo, asciende a 0,514 cuando lo ideal es que se mantuviera cercano a cero. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), por su parte, ha colocado al país en el puesto 66 del Índice de Desarrollo Humano con una calificación promedio de 0.776, la cual puede sufrir variaciones de hasta el 19% cuando se le hacen ajustes por la desigualdad del país.

Lejos de mejorar, estas diferencias crecen año a año.

El problema se agrava al tomar en cuenta que estas estadísticas no son solo números, sino que detrás de ellas existen miles de personas que están quedando rezagadas de las oportunidades para acceder a las oportunidades de desarrollo.

¿Cómo lo ven los ODS?

Por su condición de vulnerabilidad, algunos grupos carecen de una plena inclusión social, económica y política.

Para que esa situación deje de ser un patrón, se ha establecido el ODS 10: “Reducción de las Desigualdades”.

Su meta general es que todas las personas, sin importar edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión, condición socioeconómica o cualquier otra condición, puedan tener las mismas oportunidades.

Según la Agenda 2030 se espera, entre otras metas, que el sector más pobre de la población logre un incremento del 40% en sus ingresos, que se hayan generado políticas que promuevan la igualdad, que se eliminen las leyes que favorecen la discriminación y que se mejore la gestión de la migración.

¿Qué pasa con la desigualdad?

La desigualdad es una forma de violar los Derechos Humanos. Aunque ante la ley todas las personas deberían ser iguales y tener las mismas oportunidades, la realidad se ha encargado de generar brechas entre algunos sectores, lo que termina repercutiendo en la calidad de vida de las personas.

La lista es amplia, pero se pueden destacar algunos casos.

Según cálculos del PNUD, las personas con discapacidad tienen muy bajas oportunidades laborales. De este grupo, las personas de entre 15 y 35 años sufren un desempleo del 58%, una cifra que se incrementa aún más para los mayores de 35 años.

En los reportes del Ministerio de Educación Pública, por su lado, se identifican como más propensas a desertar de las aulas aquellas personas que residen en los cantones alejados del Área Metropolitana, destacando las poblaciones del Pacífico Central y Sur del país.

Casos como estos se pueden encontrar en muchos otros grupos calificados como vulnerables y la afectación a los derechos de cada uno de ellos se encarga de potenciar la pobreza.

Tomando a la educación y al empleo como motores para la mejora de las condiciones de vida, el hecho de que estos grupos sufran una continua exclusión de los mismos deja a las personas al margen del desempleo o la informalidad. Esto genera perfiles de pobreza específicos como consecuencia de la discriminación existente contra algunos grupos.

¿Qué análisis se hace desde el gobierno central?

Para el Ministro de Desarrollo Social, Emilio Arias, el combate a las desigualdades debe ser una prioridad para cambiar la vida de los habitantes del país.

“Estamos hablando de algo que tiene relación directa con la distribución de la riqueza y las oportunidades de las personas”, indica.

Para explicar las raíces del problema, cita los diagnósticos sociales que han evidenciado el impacto que genera la inequidad en el acceso a las oportunidades: “El 80% de los hogares de pobreza extrema tienen mujeres como cabeza de hogar. La mayoría de esas mujeres no ha terminado su bachillerato. Al no haber terminado el colegio casi no hay oportunidades laborales y, por ende, no hay oportunidades de salir de la pobreza, es decir, las desigualdades son todas”.

Arias destaca que el uso de estadísticas ha sido una herramienta fundamental para despolitizar la atención y, por el contrario, atender a las poblaciones que más necesiten la atención estatal.

“Se viene trabajando de la mano con el INEC para ubicar a las familias en las zonas que mayor atención se necesita”, detalla.

El Ministro señala que, para obtener resultados satisfactorios, debe promoverse una coordinación interinsitucional e intersectorial en la que se sumen los esfuerzos de todos los entes estatales que atienden a las poblaciones vulnerables y se gestionen esfuerzos con las empresas.

¿Han cambiado las cosas?

A pesar de que el desafío es grande, una serie de organizaciones viene desarrollando proyectos para sumar a la inclusión de los grupos que están en desventaja social.

En la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, 140 personas con discapacidad intelectual han logrado continuar con su formación gracias al Programa Inclusión de Personas con Discapacidad Intelectual a la Educación Superior y ahora pueden aspirar a un título técnico universitario.

En esta misma línea, la Red de Empresas Inclusivas de la Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED) suma de 2009 a hoy más de 500 contrataciones de personas con discapacidad.

Por otro lado, desde el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, se trabaja en pro de la integración laboral de las personas de mayor edad. Zulema Villalta, Directora Ejecutiva, insiste en la necesidad de generar oportunidades que generen inclusión y no asistencialismo. “Estamos hablando de aportar calidad, no caridad”, explica.

Para apoyar a la población refugiada, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estableció en el 2013 el programa “Vivir la Integración”. Esta iniciativa respalda a las personas bajo esta categoría que buscan sumarse al mercado laboral y certifica las buenas prácticas empresariales en pro de la integración de este grupo.

Finalmente, destaca el Bloque Empresarial LGBTI de AED. Se trata de 14 empresas que han implementado medidas para la integración, el respeto y la protección de los derechos de las personas LGBTI.

“Al trabajar en igualdad y en promoción de derechos humanos, estás garantizando

fidelidad de empleados, eficiencia, mejoras en la gestión de riesgo, aumento de reputación,

fortalecimiento de la atracción de talento y un ambiente en el que los y las colaboradores se pueden desempeñar a su máximo potencial”, explica Víctor Castro, Coordinador del Bloque.

¿Cómo está el panorama para este ODS?

Como parte de la planificación nacional, el MIDEPLAN contempló en el Plan Nacional de Desarrollo un análisis prospectivo, según el cual para la fecha límite de los ODS se proyecta: un índice de Gini de 0.450, un desempleo del 4% y 7,3% de pobreza, con la pobreza extrema ya erradicada.

Tal meta ha encontrado en la desigualdad uno de sus mayores frenos.

Así lo ratifica la ONU en el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Costa Rica 2018-2022, donde señala la desigualdad creciente como una de las principales trabas para el desarrollo de país.

“Durante los últimos 20 años Costa Rica ha venido enfrentando dos serios obstáculos al desarrollo humano de sus habitantes, por un lado, el incremento de la desigualdad, convirtiéndose en uno de los países de Latinoamérica con mayores brechas sociales y, por el otro lado, el estancamiento de la pobreza”, advierte el texto.

La labor por no dejar a nadie atrás cómo aspiran los ODS aún tiene mucho camino por recorrer.