Con la colaboración de ONU Derechos Humanos, y como parte de la cooperación brindada por el Proyecto CERALC, el Grupo ICE firmó el 14 de junio un compromiso político en materia de debida diligencia en derechos humanos, alineando sus estrategias de sostenibilidad con los estándares de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos y con los compromisos adquiridos por Costa Rica frente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Con este compromiso, el Grupo ICE se convierte en la primera empresa propiedad del Estado en dar el paso hacia la implementación de procesos de debida diligencia en línea con los estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos.  

Este compromiso fue firmado por Marco Acuña, presidente ejecutivo del Grupo ICE, y contó con las firmas de honor Angie Cruikshank, Defensora de los Habitantes de Costa Rica y Massimo Di Lucca, jefe de la Sección Económica y Comercial de la Unión Europea para Centroamérica.  

El compromiso en materia de debida diligencia en derechos humanos tiene la finalidad identificar impactos reales y potenciales para los derechos humanos de forma regular en las operaciones de sus empresas, sus cadenas de suministro y sus relaciones comerciales. De acuerdo con el texto adoptado “mediante la adopción de principios y medidas concretas en materia de conducta empresarial responsable, se busca promover un entorno empresarial más justo, transparente y sostenible, así como el respeto por los derechos humanos y el fomento de prácticas empresariales éticas”.

La firma de este compromiso está alineada con las notas de expectativas emitidas por la Unidad Asesora de la Propiedad Accionaria del Estado (UAPA) adscrita al Consejo de Gobierno, donde se requiere que las 13 empresas del Estado, en su calidad de accionistas, avancen en la implementación de procesos de debida diligencia que les permita identificar y abordar sus impactos negativos para los derechos humanos. 

Según el Grupo ICE, la adopción de este compromiso político responde al compromiso histórico del grupo de promover el progreso social mediante la igualdad, la inclusión y la justicia social, además forma parte de los principios de Triple Utilidad que tiene en la Estrategia Corporativa 2023-2027 y en alineamiento con las mejores prácticas internacionales.

El Grupo ICE añade que “el proceso de debida diligencia cubrirá a todo el personal de las empresas de Grupo ICE (ICE, CNFL, Racsa y Gestión Cobro) y servirá para continuar potenciando un entorno empresarial más justo, transparente y sostenible; que a su vez impacte las relaciones comerciales, cadenas de suministro y grupos de interés”.

El Proyecto Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe (CERALC), financiado por la Unión Europea (UE) e implementado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos), busca promover un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo en la UE y en América Latina y el Caribe, mediante el apoyo a prácticas de conducta empresarial responsable, en línea con los instrumentos internacionales de la OIT, la ONU y la OCDE.