El agua es un derecho humano y velar por su protección es una responsabilidad pública y privada. La reciente crisis experimentada por contaminación con xileno en la toma de agua cruda Quebrada Honda 2, que impactó directamente a tres cantones de San José, nos debe poner a reflexionar desde todos los ámbitos.

Varios aspectos definen dicha responsabilidad conjunta.

Primero, en Costa Rica no contamos con una legislación actualizada. La Ley de Aguas data de 1942. En las últimas dos décadas, han llegado a la Asamblea Legislativa distintos proyectos de ley sobre el recurso hídrico cuyo debate se ha empantanado en medio de discusiones ideológicas y economicistas.

El agua todavía no es un derecho humano en Costa Rica, pese a que el país se adhirió a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), incluyendo el número 6: Agua limpia y saneamiento.

Esa es otra incongruencia que se debe resolver y que es la base de cualquier gestión responsable de los gobiernos de turno y del estado de derecho en el país.

Segundo, bajo la legislación actual, el Estado no se encuentra obligado a ofrecer la infraestructura necesaria que garantice el cumplimiento del requerido reconocimiento del derecho al agua.

Tercero, la gestión para dirimir conflictos por el agua, crecientes y complejos, según ha documentado el informe de Estado de la Nación, no está cubierta adecuadamente por la ausencia de dicha ley.

Al hablar del Estado, nos referimos no solo a Acueductos y Alcantarillados, como podría ser interpretado. Hablamos de todos los actores:  el Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General de la República y las municipalidades.

En lo que corresponde a la responsabilidad privada, de personas y empresas, el agua se debe proteger desde su ciclo natural el cual actualmente se encuentra alterado debido a la crisis climática. Algunas personas nos acordaremos de que nos enseñaron que el agua era un recurso inagotable: nada más lejos de eso.

La Política nacional de áreas de protección de ríos, quebradas, arroyos y nacientes, adoptada en 2020, debe ser conocida y entendida por la colectividad. Las personas propietarias de terrenos deben proteger los cuerpos de agua. ¿Lo hacemos? Nuestros contaminados ríos capitalinos son respuesta de la falta de responsabilidad colectiva. Por ejemplo, un 10% de las 219 hectáreas que son área protectora del río María Aguilar y sus afluentes están cubiertas de construcciones de todo tipo. Lo mismo ocurre en las nacientes.

¿Conocen las empresas dicha Política? ¿Está considerada en sus estrategias de negocio e impactos?

Quiero señalar que desde AED, muchas de las empresas asociadas tienen años mejorando la gestión del agua y compartiendo aprendizajes y buenas prácticas. Algunos ejemplos: Procter & Gamble y Walmart México y Centroamérica ejecutan el proyecto Cuidemos el agua de Costa Rica para fortalecer la gestión comunitaria del recurso hídrico en alianza con las Asadas (Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados). Fifco tiene en la protección del agua un pilar estratégico de su plan de adaptación al cambio climático y disminución de su huella ambiental, y en su producción se ha certificado como agua positivo, y además trabaja para la protección del recurso hídrico también en alianza público privada. Compañía de Galletas Pozuelo DCR S.A. desarrolla iniciativas para minimizar el impacto sobre el recurso hídrico y mitigar los riesgos asociados a situaciones de escasez o deterioro de la calidad del recurso, mediante la innovación tecnológica, el reuso del agua y el manejo adecuado de vertimientos.

Hacemos una invitación para que el sector empresarial interesado se acerque a la Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED) y unamos todos los esfuerzos.

Tenemos una responsabilidad individual: cada persona debe proteger, preservar, evitar contaminar y desperdiciar el agua en su ámbito de acción personal.

Constantemente escuchamos consejos en este sentido, pero ¿realmente estamos cerrando la ducha mientras nos lavamos el cabello, reportamos y reparamos fugas, o nos aseguramos de evitar contaminar el agua con el aceite de nuestras cocinas? ¿Seguimos regando el césped o lavando el auto con agua potable? Todas esas preguntas y más nos deben hacer reflexionar.

Desde AED queremos reiterar:  el agua es un derecho humano y un recurso limitado,  y velar por su protección es una responsabilidad pública y privada, colectiva e individual.